JEP imputa a más de 30 integrantes del Ejército por crímenes de guerra y lesa humanidad

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 35 integrantes del Ejército Nacional por crímenes de guerra y lesa humanidad. 

Entre los imputados está Jaime Lasprilla Villamizar y cuatro generales en retiro, a quienes les hallaron responsabilidad en el caso de los llamados “falsos positivos” en el departamento de Huila, ocurridos en el año 2005 y 2008.

La imputación hace parte del caso tres de la JEP. Según el tribunal, los integrantes del Ejército son responsables de 200 asesinatos y 32 desapariciones forzadas.

“200 asesinatos, entre ellos 32 desapariciones forzadas, además de ocho tentativas de homicidio, son atribuibles a miembros retirados y activos de cuatro unidades del Ejército Nacional que operaron en la región”, informó la JEP en su cuenta oficial de la red social X.

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Los hechos ocurrieron en diferentes batallones de la quinta división, de la novena brigada, en el cual estaban de comandantes el mayor general Miguel Pérez Guarnizo, al general (r) Lasprilla y el brigadier general William Pérez Laiseca.

Hallazgos de la JEP

De las 264 muertes que fueron reportadas, 192 fueron realmente homicidios cometidos contra personas que estaban fuera de combate, cifra que representa el 27 % del total de casos.

"La JEP se abstuvo de imputar al teniente coronel (r) Martín Orlando Galindo, antiguo comandante de BIMAG y 6 oficiales más, de IX Brigada, porque no se aprecian bases para considerarlos máximos responsables. Sus procesos se remitieron a Sala de Definición de Situaciones Jurídicas", informó la JEP.

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Según las investigaciones de la JEP, las muertes correspondieron a un ataque generalizado y sistemático en contra de la población de ese departamento, violencias consideradas de crímenes de guerra y lesa humanidad.

"Las operaciones militares documentadas por la JEP en el Subcaso Huila se caracterizaron por el uso manifiestamente desproporcionado de la fuerza letal por parte de las tropas del Ejército Nacional", informó la JEP.

Finalmente, la JEP aseguró que los hechos son material suficiente para asegurar que hubo una falla sistemática de las instituciones militares en Huila.

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“La Sala determinó que se efectuaron “operaciones ofensivas” u “operaciones de destrucción” con maniobras de “emboscada” cuando no se reunían los requisitos consignados en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, informó la JEP.