JEP iniciará juicio por casos de falsos positivos en Norte de Santander

La sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP asumió la competencia en el subcaso del departamento de Norte de Santander, correspondiente a los crímenes por falsos positivos cometidos por parte de la fuerza pública.

En consecuencia, la Jurisdicción Especial para la Paz iniciará la etapa de juicio que se basa en la emisión de una sentencia y sanción en contra del brigadier general (r) Paulino Coronado Gámez, excomandante de la Brigada 30; los coroneles (r) Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM 15); el teniente coronel (r) Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander (BISAN) de Ocaña; y el teniente coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado.

A esta lista de comparecientes se suman el exoficial de operaciones de la BRIM 15; el teniente coronel (r) Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante encargado del BISAN; el capitán (r) Daladier Rivera Jácome; el sargento segundo (r) Rafael Antonio urbano Muñoz, antiguos oficiales de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA); el sargento segundo (r) Sandro Mauricio Pérez Contreras, exjefe de inteligencia del BISAN; el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra de la BRIM 15 y el tercero civil Alexander Carretero Díaz, ex colaborador de aquellas estructuras militares.

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Los cinco magistrados miembros de esta sala serán los responsables de determinar las sanciones y verificar su cumplimiento como parte de las medidas de restauración y reparación para las víctimas, con el apoyo de una Misión de Verificación de las Naciones Unidas.

¿En qué consiste el proceso?

Según información proporcionada por la JEP, la sección se encargará de evaluar las pruebas, conductas, las contribuciones a la verdad de los comparecientes y los proyectos de sanción antes de llamar a la audiencia en la que se tomarán decisiones con respecto a la forma de reparación que deberán asumir los implicados.

Cabe recordar que los 11 comparecientes en este subcaso ya reconocieron su responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto, entre los que se encuentran los asesinatos, desapariciones forzadas y homicidios extrajudiciales de civiles para presentarlos como bajas en combate.

La JEP determinó en su momento que, entre enero de 2007 y agosto de 2008, se cometieron por lo menos 120 asesinatos y 24 desapariciones forzadas en el Catatumbo, como producto de una “política institucional del Ejército de Colombia de conteo de cuerpos”, mediante políticas de incentivos y presión sobre los subordinados.

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