La historia del cementerio de Neiva en donde la JEP busca encontrar nuevos cuerpos del conflicto

La historia del Huila durante el conflicto armado es muy particular. Junto con departamentos como el Meta y el Caquetá fueron los que conformaron la zona de distensión a finales de los 90. Esto fue una zona de despeje en San Vicente del Caguán, en donde el Gobierno, encabezado por el presidente Andrés Pastrana, otorgó una superficie de más de 42,000 km² a las Farc-EP. 

Esto representó la figura del Estado paralelo del grupo guerrillero, quienes dirigían el ordenamiento social cultural y político en ese sector. Esta situación recrudeció la violencia en los tres departamentos.

Aunque dentro de la delimitación no se encontraba Neiva, la ebullición del conflicto permeó las esferas cotidianas de la capital del departamento.

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Cementerio de Neiva

Durante el marco del conflicto armado, los cementerios fueron utilizados como escondite de los cuerpos de las personas asesinadas o desaparecidas forzosamente por estas dinámicas. Esto ayudaba a camuflar los cadáveres y a que no hubiera una clara diferenciación entre las víctimas del conflicto y víctimas de la delincuencia común o por otras razones ajenas.

El problema específico es el siguiente: los cuerpos identificados no reclamados (CINR) después de 5 años de permanencia en las bóvedas del cementerio tenían que ser trasladados a los lugares en donde se encontraban los cadáveres no identificados (CNI).

En el 2021 la sección de ausencia de reconocimiento de verdad de la JEP decretó medidas cautelares por un año para poder identificar los cuerpos que corresponderían a víctimas de desaparición forzada. Dicha medida fue levantada en junio del 2022, pero ahora las medidas se reabren y Medicina Legal tiene un término de diez días para los procesos de identificación.

Este proceso facilita que los restos de universos diferentes de personas se combinen, potencializándose la imposibilidad de identificación

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La decisión también se fundamentó después de una audiencia pública realizada en Neiva, en donde a través de los testimonios y de un trabajo de campo por parte de los magistrados, se evidenciaron suficientes riesgos para tomar esta decisión.

Medidas cautelares 

En primera instancia, las medidas cautelares consisten en un trabajo coordinado entre las instituciones del Sistema Integral para la Paz, cómo la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) o también agencias estatales. Con esta cooperación se puede asegurar la protección de los cuerpos.

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El trabajo también es para los administradores del lugar y para los custodios, quienes tendrán la tarea de individualizar y separar los CNI y CINR.