Estos son los exFarc que podrían ir a juicio ante la JEP por 21.000 casos de secuestro
La JEP imputó a siete integrantes del antiguo secretariado de las Farc, quienes deberán reconocer su responsabilidad por más de 21.000 secuestros en todo el país.
Noticias RCN
08:59 a. m.
En enero de 2021, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz imputó a los miembros del antiguo secretariado de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del caso 01, que comprende la toma de rehenes y otras privaciones de la libertad.
Ahora, el tribunal de paz anunció que este año se determinarán las sanciones para los exFarc, al tiempo que se definen los casos excepcionales en los que cumplieron con el Derecho Internacional Humanitario.
Esta vez, el exsecretariado deberá responder por más de 21.000 secuestros perpetrados en todo el país, de los cuales algunos podrían ser amnistiados por no configurarse como un crimen de guerra.
¿Quiénes son los exFarc imputados por secuestro?
Los responsables de los hechos estudiados por la JEP son Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo, y Rodrigo Granda.
Todos ellos son señalados por la JEP por "privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación, así como su bienestar, integridad y su vida", lo cual es considerado como crimen de guerra por toma de rehenes.
Según la JEP, mientras estaban en el secretariado implementaron una política de retenciones con tratos crueles e inhumanos, independientemente de si las víctimas eran civiles o miembros de la Fuerza Pública.
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Los imputados tendrán 30 días para reconocer su responsabilidad y, en caso de no hacerlo, podrían pagar hasta 20 años de cárcel.
La imputación contra el antiguo secretariado de las Farc
La Sala de Reconocimiento también imputó al antiguo secretariado de las Farc por otros crímenes de guerra relacionados con el trato que se les dio a las víctimas de secuestro, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad, violencia sexual y desplazamiento forzado.
Además, la JEP señaló que "los mismos hechos fueron crímenes de lesa humanidad cuando tuvieron la intención, y la implementaron, de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil en los lugares donde esa guerrilla hacía presencia".
Además, la Sala señaló que las privaciones a la libertad "se orientaron de forma generalizada a personas de todos los estratos sociales" territorios, condiciones de género, edad o condiciones de vulnerabilidad especial.
Principalmente, esta práctica estuvo encaminada a financiar a la organización armada, forzar el intercambio por guerrilleros presos y controlar a la población de los territorios.
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