Envían a la cárcel a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla que liderarían una empresa criminal
En la diligencia judicial, la magistrada Aura Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, detalló el entramado que habrían acordado los exfuncionarios en el caso UNGRD.
Noticias RCN
12:58 p. m.
Este 18 de diciembre se llevó a cabo una nueva audiencia de continuidad a la solicitud de medida de aseguramiento contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, señalados de liderar una red criminal para corromper congresistas y aprobar las reformas, a través de dádivas de los recursos de la UNGRD.
De acuerdo con la exposición de hechos, se trataría de leyes aprobadas a través de la figura de presunta compra de votos para la reforma pensional y la reforma laboral.
En medio de la audiencia, la magistrada Rosero, del Tribunal de Bogotá aseguró que sí existió “acuerdo de voluntades entre los exminsitros Bonilla y Velasco para cometer ilícitos”.
La magistrada decidió dictarles medida de aseguramiento intramural a los dos exfuncionarios del círculo cercano del presidente Gustavo Petro.
Enviaron a la cárcel a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla
Tras un análisis profundo del caso por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD, el tribunal decidió dictar medida de aseguramiento intramural. En las próximas horas serían ingresados a un centro carcelario.
Inicialmente, las autoridades solicitaron medida de aseguramiento de casa por cárcel para ambos exfuncionarios.
La magistrada señaló que enviarlos a la cárcel no sería jurídicamente viable. El tribunal señaló que la detención domiciliaria es vista como una medida subordinada.
El entramado criminal que habrían liderado Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla
La magistrada señaló que “los elementos materiales probatorios y de conocimiento relacionados por el ente acusador no presentan como referencias aisladas o inconexas, sino que se configuran como un entramado probatorio coherente que da cuenta de la existencia de un acuerdo de voluntades entre varios servidores públicos de alto nivel y terceros con la finalidad de incidir ilícitamente en decisiones legislativas y crediticias del estado mediante el direccionamiento de la contratación pública”.
La utilización sistemática de entidades como una caja menor para la compra de apoyos legislativo socava la legitimidad del sistema democrático.
Bonilla y Velasco habrían direccionado 74 proyectos de Invías por un monto total de $571.701 millones, y cinco proyectos de la UNGRD por $40.536 millones, que equivaldría a $612.237 millones, de los que solo siete llegaron a concretarse.
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