Polémica por el millonario arriendo de la sede de la JEP en Bogotá: ¿qué hay detrás del contrato?
Una senadora cuestionó las condiciones del contrato y la estructura empresarial relacionada con el inmueble.
Maritza Aristizábal
08:59 p. m.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vuelve a estar en el centro de la discusión por el manejo de sus recursos. Esta vez, el foco está puesto en la sede que utiliza la entidad en Bogotá: la Torre Squadra, ubicada en el nororiente de la capital.
De acuerdo con las cifras expuestas durante el debate presupuestal, durante los últimos ocho años la JEP ha funcionado con cerca de $3,8 billones y una parte de esos recursos se ha destinado al pago del arrendamiento de su sede.
La senadora María Clara Posada cuestionó el contrato y puso sobre la mesa varios interrogantes sobre la decisión de mantener el inmueble bajo esta modalidad.
Polémica por el millonario arriendo de la sede de la JEP en Bogotá
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el costo acumulado del alquiler.
Según las cifras presentadas por la congresista, la JEP ha destinado alrededor de $114.000 millones al arrendamiento de la Torre Squadra.
La discusión parte de una pregunta sencilla: ¿por qué la entidad ha mantenido durante años el pago de un arriendo en lugar de evaluar otras alternativas para contar con una sede propia?
La senadora ha comparado el dinero destinado al alquiler con el valor registrado para la construcción del inmueble y cuestiona si la decisión representó la alternativa más conveniente para las finanzas públicas.
Sin embargo, el valor acumulado de un arrendamiento y el costo de construcción de un inmueble no son comparables de manera directa sin tener en cuenta otros factores como mantenimiento, administración, adecuaciones, financiación y condiciones contractuales.
Por eso, uno de los puntos que deberá aclararse es cuáles fueron los estudios que llevaron a escoger esta alternativa.
La empresa propietaria del edificio también está bajo la lupa
Los cuestionamientos no terminan en el valor del contrato. Según la información presentada por la senadora Posada, la sociedad propietaria del inmueble estaría relacionada con otras 18 empresas y algunas de ellas tendrían registros en jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Delaware.
Este aspecto ha generado preguntas sobre la estructura empresarial y la posibilidad de establecer con claridad quiénes están detrás de las sociedades relacionadas con el inmueble.
La presencia de empresas en estas jurisdicciones no demuestra por sí sola que exista una irregularidad o un delito tributario. Para determinarlo sería necesario revisar la documentación societaria, los contratos, los movimientos financieros y las obligaciones fiscales correspondientes.
Otro interrogante: el mobiliario
Hay un segundo elemento que también ha sido cuestionado. De acuerdo con lo expuesto en el debate, una de las características consideradas al momento de seleccionar la Torre Squadra era que el inmueble permitía a la entidad evitar determinadas inversiones adicionales en adecuaciones.
Sin embargo, posteriormente se realizó una contratación por cerca de $3.300 millones para mobiliario.
La pregunta planteada por la senadora es si este gasto estaba contemplado desde el comienzo y si fue tenido en cuenta al momento de comparar la Torre Squadra con las demás opciones disponibles.
JEP enfrenta reducción de recursos
La polémica por el arrendamiento ocurre al mismo tiempo que la JEP enfrenta una reducción importante de los recursos proyectados para 2027.
En la discusión del Presupuesto General de la Nación, la asignación inicialmente proyectada para la entidad pasó de $821.000 millones a cerca de $651.000 millones, una disminución de aproximadamente $170.000 millones.
El ajuste supera el 20% del presupuesto inicialmente contemplado.
La reducción, sin embargo, no es exclusiva de la JEP. Otras entidades también enfrentan recortes dentro de la discusión presupuestal, en medio de las restricciones que atraviesan las finanzas públicas del país.
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