Procuraduría inhabilitó a Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa, por contratos con el Estado
El organismo determinó que asumió un cargo en el Invías mientras mantenía un contrato de prestación de servicios con la Universidad Pascual Bravo.
Yhonay Díaz
06:19 p. m.
La Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá declaró disciplinariamente responsable a Carlos Julián Caicedo Cano, pareja sentimental del expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por incurrir en una incompatibilidad al mantener un contrato de prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo de Medellín cuando asumió el cargo de asesor del Invías.
La decisión del fallo de primera instancia establece una sanción de destitución e inhabilidad general por ocho años.
Imponer al señor Carlos Julián Caicedo Cano la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por el término de ocho años.
¿Por qué inhabilitaron de cargos públicos a Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa?
De acuerdo con el expediente, Caicedo Cano suscribió el 23 de enero de 2023 un contrato de prestación de servicios profesionales con la Institución Universitaria Pascual Bravo, por un valor inicial de $26.805.424 y un plazo de ejecución de cuatro meses.
Un día después, el 24 de enero, tomó posesión como asesor código 1020, grado 08, del Invías, adscrito al despacho del director general.
Para la Procuraduría, desde ese momento adquirió la condición de servidor público y quedó sujeto al régimen de incompatibilidades que impide, salvo excepciones legales, contratar con entidades estatales.
El organismo de control concluyó que existió una concurrencia temporal entre los dos vínculos jurídicos. Aunque el investigado manifestó su intención de renunciar al contrato universitario el 30 de enero de 2023, la Procuraduría consideró que esa actuación posterior no eliminaba la incompatibilidad que se había configurado al momento de asumir el empleo público.
Aunque devolvió los honorarios lo inhabilitaron
Uno de los argumentos de la defensa fue que Caicedo había adelantado gestiones para terminar el contrato y devolver los recursos recibidos.
El expediente registra una transferencia por $1.840.400, realizada el 12 de febrero de 2026 a favor de la Institución Universitaria Pascual Bravo.
Sin embargo, la Procuraduría sostuvo que la devolución del dinero no eliminaba retroactivamente la incompatibilidad ni eximía al investigado de la responsabilidad disciplinaria por no verificar la legalidad de sus compromisos antes de asumir el cargo público.



