Daniel Quintero confirma revocatoria de medida en contra de su secretaria de Educación por caso 'Buen Comienzo'

A través de su cuenta de Twitter el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que un juez habría tomado la decisión de levantar la medida de aseguramiento en contra de su secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, anteriormente imputada por las presuntas irregularidades en el programa ‘Buen Comienzo’.

Se hace justicia. Una Juez de la República acaba de revocar la medida contra nuestra secretaria de Educación, Alexandra Agudelo. Me dirijo en este momento a su casa para darle un abrazo.

Cabe recordar que Agudelo fue imputada semanas atrás por los delitos de apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Estos cargos también salpicaron a otras dos personas que tendrían relación estrecha con el millonario contrato del programa 'Buen Comienzo' que está en plena investigación. Se trata de la exdirectora técnica del PAE, Lina María Gil; y el representante legal de la Corporación Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez Montoya, quienes deberán responder por la presunta malversación de un contrato de $1.300 millones de pesos.

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Caso ‘Buen Comienzo’

La investigación iniciada por la Fiscalía está centrada en el programa 'Buen Comienzo', emblema de política pública en atención a primera infancia en el país, pero que tenido un sinnúmero de críticas en la administración del alcalde Quintero por acusaciones de sectores políticos que señalaron en su momento cambios en el programa para favorecer a terceros. 

Las acciones tomadas en contra de Alexandra Agudelo son hasta ahora las primeras en contra de una funcionaria del gabinete de Quintero, luego de que fuera imputada por hechos directamente relacionados con corrupción.

Cabe mencionar que en la acusación contra Agudelo también salió a relucir el nombre de Henry Paulison Gómez Montoya, quien es el representante legal de la corporación ‘Buen Comienzo’, a la cual para en 2020 el ICBF solo le había otorgado autorización para contratar por 820 salarios mínimos, que para ese entonces eran unos 720 millones de pesos.

No obstante, se dice que varios contratos de la corporación habrían sido adjudicados a dedo y sin verificar el cumplimiento de requisitos.

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