Suspenden provisionalmente el decreto que eliminaba la millonaria prima para los congresistas
El Consejo de Estado explicó que la medida afectaba las garantías institucionales de independencia judicial y vulneraba el principio constitucional de igualdad salarial.
Noticias RCN
07:24 p. m.
En las últimas horas, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del Decreto 030 de 2026 que eliminaba la prima especial de servicios para los congresistas que se posesionaran desde el 20 de julio del año en curso.
La decisión se fundamentó en la violación de garantías institucionales establecidas por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y el principio de igualdad.
El Decreto 030 de 2026, expedido en enero por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, derogaba el Decreto 2170 de 2013 que reconocía una prima especial de servicios equivalente a $7.898.445 mensuales para los congresistas. Según la Procuraduría, el impacto salarial para funcionarios afectados oscilaría entre $17 y $22 millones.
¿Por qué tumbaron el decreto que eliminaba la prima de los congresistas?
La decisión señala que el Decreto 313 de 2026 había establecido un régimen de transición protegiendo situaciones jurídicas consolidadas antes del 20 de julio. Sin embargo, esto generaba una bifurcación salarial dentro de las mismas entidades: funcionarios con idénticas responsabilidades recibirían diferentes remuneraciones según su fecha de vinculación.
El Consejo de Estado consideró que esta dualidad vulneraba el principio constitucional "a igual trabajo, igual salario" consagrado en los artículos 13, 25 y 53 de la Carta.
Quienes ocupan el mismo cargo, desarrollan las mismas funciones y demuestran tener las mismas competencias o habilidades para cumplir con la tarea que se les ha encomendado, deben percibir la misma remuneración.
La providencia explicó que estas garantías salariales constituyen garantías institucionales de la independencia judicial, tanto en su dimensión individual como institucional.
El magistrado ponente, Héctor Santaella Quintero, advirtió sobre los efectos prácticos de la medida:
Generaba un riesgo plausible de afectación del clima organizacional, desestímulo de la productividad y del compromiso institucional, incentivo a la búsqueda de otros destinos laborales, pérdida de atractivo de la Rama Judicial como lugar de trabajo para los mejores profesionales.
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El efecto de la eliminación de la prima especial de servicios para congresistas
El magistrado Santaella Quintero señaló que aunque formalmente la medida solo afectaba a parlamentarios, en la práctica generaba un efecto cascada sobre múltiples servidores públicos. Esto debido al complejo sistema de remisiones cruzadas entre escalas salariales establecido por la Constitución y la ley.
El Ministerio de Hacienda se opuso señalando que la suspensión "implicaría alterar súbitamente el régimen normativo vigente, generar impactos fiscales inmediatos, comprometer la planeación presupuestal del Estado". El Departamento Administrativo de la Función Pública argumentó que la medida solo eliminaba "una prestación facultativa dada por el Ejecutivo".
El auto dejó pendientes para el fallo de fondo cuestiones como el carácter facultativo de la prima, el alcance de la potestad reglamentaria presidencial y la suficiencia de la motivación gubernamental para adoptar medidas regresivas en derechos laborales.
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