Se abre la puerta a un preacuerdo para taxista borracho que atropelló y mató una menor en Bogotá
La Fiscalía suspendió la audiencia de acusación contra el taxista que atropelló a 11 personas en el sur de Bogotá, para analizar la viabilidad de un preacuerdo.
Noticias RCN
03:56 p. m.
El proceso judicial contra Jorge Eduardo Chalá, el taxista de 52 años que en estado de embriaguez atropelló a 11 personas en el sur de Bogotá, entre ellas varios menores de edad, entró en una nueva etapa.
La Fiscalía reveló que se encuentra revisando la posibilidad de alcanzar un preacuerdo con el acusado, razón por la cual fue suspendida la audiencia de acusación formal.
El pasado mes de noviembre, el conductor de un vehículo tipo taxi, manejando a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol, impactó violentamente a una familia que se encontraba en vía pública.
Una adolescente de 15 años sufrió lesiones de extrema gravedad, fue diagnosticada con muerte cerebral y finalmente falleció. Su hermano menor también estuvo en estado crítico y a punto de ser desconectado de soporte vital, pero milagrosamente logró sobrevivir
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Taxista estará en la cárcel mientras se negocia el preacuerdo
En audiencia ante un juez de control de garantías, Chalá fue enviado a un establecimiento carcelario como medida de aseguramiento.
La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con lesiones personales agravadas dolosas.
El procesado aceptó los cargos formulados por el ente investigador, lo que abrió la puerta a eventuales beneficios judiciales como el preacuerdo que estaría estudiando la Fiscalía.
De acuerdo con la prueba de alcoholemia practicada en el lugar del accidente, el conductor arrojó resultado positivo grado 2, lo que confirma que se encontraba bajo efectos significativos de alcohol al momento de conducir el taxi que terminó convertido en arma mortal.
Video del taxista borracho que embistió a 11 personas y dejó a varios menores en estado crítico
Taxista que atropelló a 11 personas podría acceder a un preacuerdo
La suspensión de la audiencia de acusación formal obedece a que la Fiscalía analiza si procede o no un preacuerdo con el procesado.
Este mecanismo jurídico permite una negociación entre el ente acusador y el imputado, generalmente a cambio de aceptación de responsabilidad, colaboración o economía procesal.
Aunque la aceptación de cargos ya se produjo, la eventual negociación podría incidir en la pena a imponer.
No obstante, la decisión deberá considerar la magnitud del daño causado, la pérdida de una menor de edad y las graves lesiones sufridas por otras víctimas.
Cualquier decisión en el caso deberá respetar los derechos de las víctimas y el principio de proporcionalidad frente a la gravedad de los delitos imputados.
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