Tribunal de Bogotá aceptó impedimento del magistrado Riaño para definir tutela de Uribe
El Tribunal Superior de Bogotá se pronunció sobre uno de los magistrados que debía definir la tutela interpuesta por la defensa del expresidente.
Noticias RCN
12:33 p. m.
El Tribunal Superior de Bogotá aceptó la solicitud de impedimento hecha por el magistrado Ramiro Riaño, para el proceso en el que se definirá si procede o no la tutela interpuesta por la defensa de Álvaro Uribe Vélez, sobre la orden de casa por cárcel dictada por la juez Sandra Heredia.
De acuerdo con el Tribunal, los magistrados que se encargarán de estudiar si se suspende o no la orden de detención domiciliaria serán Leonel Rogeles y Aura Alexandra Rosero.
¿Por qué el magistrado Riaño se declaró impedido?
El pasado 5 de agosto, el magistrado Riaño presentó un impedimento para estudiar la tutela con la que se busca suspender la orden de prisión domiciliaria en contra del expresidente Uribe, argumentando una posible afectación al principio de imparcialidad y objetividad.
En la solicitud, Riaño indicó que su esposa, Luz Adriana Gutiérrez, fue nombrada fiscal local de Zipaquirá en 2013 por el actual ministro de Justicia y entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, quien ahora funge como víctima en el proceso penal contra Uribe.
A esto se suma una denuncia radicada por Montealegre en su contra en febrero de este año, por presunto prevaricato.
Debido a esta situación, al Tribunal de Bogotá le pareció pertinente aceptar su solicitud de impedimento, por lo que quedará por fuera del estudio de la tutela radicada contra la decisión de la juez 44 frente al caso Uribe.
La tutela que busca tumbar detención de Uribe
Apenas tres días después de conocerse el fallo condenatorio de la juez Heredia en contra de Álvaro Uribe, la defensa del exmandatario anunció una acción de tutela para tumbar la medida.
El recurso, firmado por el abogado Jaime Granados, busca que se suspenda de manera inmediata la orden de detención domiciliaria por 12 años, alegando que la juez habría vulnerado varios derechos fundamentales de su defendido.
De acuerdo con el documento, la decisión proferida el pasado 1 de agosto se profirió sin la motivación suficiente y bajo supuestos contrarios a la presunción de inocencia.
Cabe recordar que Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria, una multa de 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes (equivalente a más de 3.000 millones de pesos) y una inhabilidad de 100 meses para ejercer funciones públicas.


