Esto sucede con las deudas de una persona que se declara en insolvencia en Colombia
Conozca lo que pasa con las obligaciones financieras de una persona que se declaró en insolvencia.
Noticias RCN
09:01 a. m.
Cuando las deudas se vuelven impagables y la presión de los cobros se convierte en una carga insostenible, la legislación colombiana ofrece un camino para la reestructuración financiera.
Contrario a la creencia popular de que las deudas desaparecen, la ley de insolvencia de persona natural no comerciante es un riguroso proceso legal que busca dar una segunda oportunidad a quienes, por diversas circunstancias, han caído en una crisis económica profunda.
Regulado principalmente por el Título IV de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), este mecanismo ha ganado relevancia como una herramienta vital para el respiro financiero de miles de ciudadanos.
Esto sucede con las deudas si se declara en insolvencia
La primera clave para entender este proceso es saber quién puede acogerse a él. La ley está diseñada para la persona natural, es decir, un ciudadano común y corriente. Los requisitos para acceder son claros: haber incumplido el pago de dos o más obligaciones a dos o más acreedores por un periodo superior a 90 días, o tener dos o más procesos judiciales ejecutivos en su contra.
Además, el valor total de las deudas en mora debe representar al menos la mitad del total de sus obligaciones pasivas.
Una vez se cumple con estos criterios y se radica la solicitud ante un centro de conciliación o una notaría, inicia la primera fase: la negociación de deudas. Este es un momento crucial y el principal objetivo del proceso. La ley otorga un período de 60 días hábiles, con una posible prórroga de 30 días adicionales, para que el deudor, asistido por un conciliador, se siente a la mesa con sus acreedores.
Durante esta negociación, el deudor presenta una propuesta de pago que puede incluir la renegociación de los plazos, la reducción de los intereses, o incluso la condonación de una parte del capital.
Para que el acuerdo de pago sea válido, debe contar con la aprobación de una mayoría especial: un grupo de acreedores que represente más del 50% del valor total de las deudas. Si se llega a este acuerdo, este se convierte en un contrato de obligatorio cumplimiento para todas las partes, permitiendo al deudor normalizar su situación financiera.
No obstante, si la negociación fracasa, bien sea por falta de un acuerdo o por el posterior incumplimiento del mismo, el proceso avanza a su segunda y última etapa: la liquidación patrimonial. En esta fase, un juez designa a un liquidador, quien toma posesión de todos los bienes embargables del deudor.
Estos activos son vendidos para obtener dinero que será distribuido entre los acreedores, siguiendo un estricto orden de prelación establecido por la ley. Primero se pagan los gastos del proceso, luego las obligaciones alimentarias, seguidas por los créditos laborales y los fiscales. Solo después se cubren las deudas con bancos y el resto de obligaciones.
Es aquí donde reside el mayor beneficio de la ley: una vez que todos los bienes han sido liquidados y se ha pagado a los acreedores hasta donde el dinero lo permite, las deudas que no se pudieron saldar se extinguen. El deudor queda con un “borrón y cuenta nueva” en su historial de obligaciones.
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