Inmigración será tema central en cumbre virtual entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden

El flujo de migrantes y comercio, legal e ilegal, a través de la frontera entre Estados Unidos y México será el centro de las conversaciones en la cumbre virtual este lunes entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. 

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La reunión tiene lugar cuando Estados Unidos enfrenta una nueva oleada de inmigrantes indocumentados en la frontera sur, mientras Biden, quien apenas asumió, suspendió la construcción del muro fronterizo impulsado por Donald Trump, suaviza la dura política antiinmigración de su predecesor.  

Horas antes del encuentro, el secretario estadounidense de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, se negó a hablar de una "crisis" en la frontera, aunque reconoció el "desafío" que supone.

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Aseguró que su objetivo central es reemplazar "la crueldad" del proceso migratorio de la administración Trump por un sistema "humano", "organizado" y "seguro". 

"Es difícil y tomará tiempo, pero tengan la certeza de que lo haremos", aseguró en rueda de prensa, enfatizando que con Biden no hay más deportaciones de niños a México.

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Los ejes del esperado encuentro bilateral

La Casa Blanca dijo que la cita con López Obrador abordará la colaboración en materia de migración, los esfuerzos conjuntos de desarrollo en el empobrecido sur de México y Centroamérica, la recuperación de la pandemia de covid-19 y la cooperación económica. 

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El mandatario mexicano, también conocido por sus iniciales AMLO, dijo el sábado que en la reunión con Biden enfatizará la importancia de la mano de obra migrante para la economía de Estados Unidos. 

López Obrador recordó que en la Segunda Guerra Mundial ambos países acordaron el "Programa Bracero", mediante el cual trabajadores mexicanos fueron legalmente a Estados Unidos a levantar las cosechas a falta de estadounidenses, desplegados en el conflicto bélico.

Estimó que la economía estadounidense necesitaría entre 600.000 y 800.000 trabajadores migrantes al año. 

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Trump cerró la puerta a los trabajadores legales de México de los que dependen ambos países: Estados Unidos para el trabajo agrícola y México para las remesas. 

En el marco de sus esfuerzos para reformar las políticas migratorias, la semana pasada el gobierno de Biden propuso que millones de personas que viven en Estados Unidos sin documentos legales, particularmente los trabajadores agrícolas en su mayoría de origen mexicano, reciban "green cards", que les permitirían quedarse y trabajar legalmente en territorio estadounidense. 

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Estados Unidos y México comparten una frontera porosa de 3.200 kilómetros, con casi 1.900 millones de dólares de intercambio comercial diarios y un importante tránsito legal de personas. 

Pero también hay un gran número de cruces de inmigrantes ilegales, cientos de miles de solicitantes de asilo que intentan ingresar a Estados Unidos desde México y grandes cantidades de tráfico ilícito de drogas de sur a norte. 

"La cooperación en materia de seguridad sigue siendo esencial si deseamos abordar el abuso de drogas, la corrupción y el crimen organizado que impactan a ambas naciones", dijo Andrew Rudman, un especialista en México del grupo de expertos Wilson Center, antes de la reunión. 

"La migración, que también se ve afectada por el crimen organizado, también exige un enfoque conjunto", dijo.

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En 2019, Trump amenazó con aranceles a los productos de México para obligar a López Obrador a detener el creciente flujo de migrantes, principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador. Bajo presión, López Obrador acordó mantenerlos en México mientras se procesaban sus peticiones de asilo en Estados Unidos.

Con Biden, Estados Unidos suspendió todas las nuevas inscripciones al controvertido programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP en inglés), o "Quédate en México", y empezó a procesar el ingreso de personas que esperaban la resolución de sus casos en territorio mexicano.

Según organizaciones civiles estadounidenses, unos 70.000 migrantes habrían sido devueltos a México entre enero de 2019 y diciembre de 2020. El gobierno mexicano estima que de éstos, unos 6.000 permanecen en el país.

NoticiasRCN.com - AFP