Más de 270 clérigos abusaron de casi 1.000 niños en tres diócesis de Estados Unidos
La investigación de la Fiscalía documentó abusos sexuales cometidos durante décadas en las diócesis de Fall River, Springfield y Worcester.
Valentina Bernal
08:12 p. m.
Un nuevo informe de la Fiscalía General de Massachusetts reveló la magnitud de los abusos sexuales contra menores cometidos durante décadas dentro de tres diócesis de la Iglesia católica en ese estado de Estados Unidos.
La investigación encontró evidencia de que más de 270 clérigos abusaron sexualmente de casi 1.000 niños en las diócesis de Fall River, Springfield y Worcester.
Se trata, según la fiscal general Andrea Joy Campbell, del primer recuento público integral sobre los abusos y las fallas institucionales registradas en estas tres jurisdicciones.
La investigación comenzó en 2019 y durante estos años los investigadores revisaron más de 300.000 páginas de documentos y entrevistaron a más de 100 personas, entre sobrevivientes, abogados, integrantes del clero, funcionarios de las diócesis y expertos.
¿Qué encontró la investigación?
El informe no solo documentó las denuncias contra miembros del clero. También examinó la manera en que las autoridades de las diócesis respondieron cuando recibieron información sobre posibles abusos.
Según la Fiscalía General, durante años hubo líderes diocesanos que no actuaron adecuadamente frente a denuncias y señales de alerta.
La investigación documentó casos en los que sacerdotes acusados o señalados fueron trasladados a otras parroquias sin explicar las razones, mientras que algunos regresaron al ministerio después de recibir tratamiento sin una supervisión suficiente.
También se identificaron situaciones en las que no se aplicaron de manera efectiva las restricciones impuestas a sacerdotes señalados y casos en los que las razones para retirarlos del ministerio no fueron informadas públicamente.
Otro de los problemas señalados fue la falta de reporte consistente de las denuncias a las autoridades policiales.
Informe asegura que protegieron la reputación de la Iglesia
La fiscal general Andrea Joy Campbell cuestionó duramente la respuesta institucional registrada durante décadas.
Según Campbell, hubo momentos en los que las autoridades eclesiásticas priorizaron la protección de la reputación de la Iglesia por encima de la seguridad de los menores.
La funcionaria destacó además que detrás de las cifras del informe hay niños cuyas vidas fueron afectadas y sobrevivientes que han cargado durante años con las consecuencias de los abusos.
El informe señala que parte importante de los hechos documentados ocurrió antes de 2002, cuando una investigación del periódico The Boston Globe expuso los casos de abuso sexual y encubrimiento dentro de la Arquidiócesis de Boston.
¿Por qué no hubo nuevas acusaciones penales?
Pese a la gravedad de los hallazgos, la investigación de la Fiscalía General no produjo nuevas acusaciones penales.
La razón está relacionada principalmente con las leyes vigentes cuando ocurrieron algunos de los hechos y con los plazos de prescripción.
La Fiscalía explicó que determinadas conductas identificadas no eran consideradas delitos bajo la legislación de Massachusetts en el momento en que ocurrieron y que las reformas posteriores no pueden aplicarse de manera retroactiva.
En otros casos, los plazos legales para presentar cargos ya habían vencido. Además, varios de los individuos mencionados en el informe ya habían fallecido.
Durante la investigación, tres casos fueron remitidos a fiscales locales. Uno de ellos, enviado a la Fiscalía del condado de Worcester, terminó con la presentación de cargos ante un tribunal.
¿Qué dicen las diócesis?
Tras la publicación del informe, la diócesis de Worcester señaló que estudiará sus conclusiones para identificar nuevas medidas que puedan implementarse en favor de las víctimas y para reforzar los mecanismos destinados a proteger a los menores.
Por su parte, el obispo de Fall River, Edgar da Cunha, pidió perdón a los sobrevivientes de abusos sexuales cometidos durante la infancia y expresó su dolor frente a los hechos y las fallas institucionales documentadas.
La investigación reconoce que después del escándalo de 2002 las tres diócesis implementaron diferentes medidas de protección, entre ellas oficinas para atender denuncias, procesos de revisión, capacitación, verificaciones de antecedentes y nuevos protocolos.
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Sin embargo, la Fiscalía concluyó que esas políticas no siempre fueron aplicadas de manera consistente y que todavía existen vacíos en materia de supervisión, transparencia y rendición de cuentas.
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