Desarticulan banda que recaudaba $18 millones diarios con modalidad 'gota a gota'

Integrantes de la Dijín de la Policía e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron una operación en Barranquilla, y los municipios de Galapa, Baranoa y Soledad, Atlántico, donde tras varios allanamientos se logró la desarticulación de una organización delincuencial vinculada a la modalidad de ‘gota a gota’.

En el operativo fueron capturados los once integrantes de esta estructura criminal, señalada de prestar dinero a personas vulnerables con tasas de interés exorbitantes.

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Una vez efectuados los préstamos, los encargados de los cobros amenazaban de muerte a las víctimas cuando incumplían las elevadas cuotas, lo que generaba temor y zozobra en los habitantes de esta región del país.

Cerca de tres años de investigación financiera minuciosa, análisis de información, vigilancia, seguimientos e interceptaciones telefónicas, permitieron establecer la modalidad que utilizaba la organización criminal para encubrir el incremento exagerado de dinero, lo cual permitió de manera histórica, la primera judicialización por el delito de lavado de activos a partir de la configuración de usura, en conexión con el enriquecimiento ilícito, lo que conlleva una pena que está contemplada entre los tres a 30 años de prisión.

Modus operandi

Estas personas creaban empresas fachadas de estaciones de servicio de combustible y adquirían casas, apartamentos, lotes, vehículos de alta gama, entre otros, para dar apariencia de legalidad al dinero producto de las actividades ilícitas que recaudaban. 

Además, habrían declarado ante los organismos de control cerca de 300 millones de pesos en patrimonio y una deuda inexistente con proveedores por un valor de 1.500 millones de pesos.

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En el momento de cruzar dicha información declarada, con la reportada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se determinó que todo el movimiento de dinero lo realizaban en efectivo, con el fin de evitar la trazabilidad de los recursos y así poder inyectar dinero ilícito al torrente financiero.

En función de la usura, esta estructura criminal habría creado un emporio económico con la capacidad de lavar más de 10.000 millones de pesos, alcanzando a recaudar diariamente montos aproximados de 18 millones de pesos.

Según las indagaciones, la organización delincuencial habría mandado a diseñar una aplicación para teléfono móvil llamada “cobros wabr3” a través de la cual hacían el balance en tiempo real de las actividades de recaudo y préstamo. Con esta herramienta los jefes de la organización tenían la información disponible en todo momento.

Para facilitar su accionar criminal durante la pandemia del covid-19, los integrantes de la organización contaron con la participación de un exfuncionario público para tramitar licencias que acreditaban a los ‘Cobradores’ como empleados y emprendedores de domicilios y tenederos de diferentes barrios.

Los capturados

Dentro de los capturados se encuentran una pareja de esposos conocidos como ‘Los Patrones’, quienes serían los jefes principales de la organización delincuencial, encargados de coordinar y controlar las actividades criminales de la organización, y a su vez, dar la apariencia de legalidad al dinero obtenido ilícitamente.

También gestionaban las licencias de funcionamiento de los establecimientos de comercio y tramitaban los permisos de movilidad de los cobradores junto con otra persona conocida como ‘Oscar’.

‘Mono’, era el encargado del control de las rutas de los ‘escoltas’ y ‘cobradores’ y de monitorear la aplicación móvil de los préstamos y recaudos. De igual forma, transmitía las órdenes de ‘Los Patrones’ a los demás integrantes de la red criminal.

‘Pulgar’, ‘David’ y ‘Tres Palacios’, fingían como escoltas responsables de los ‘cobradores’, a cargo de la supervisión de los datos ingresados a la aplicación móvil, de algunas rutas y la sectorización de las víctimas para la comisión de los hechos punibles de forma diaria.

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Los otros capturados conocidos como ‘Omar’, ‘José’, ‘Eider’ y ‘Julio’ corresponden a los ‘cobradores’, responsables de recoger el dinero a las víctimas y de infundir las amenazas y el temor entre los habitantes de la zona en las que fueran designados.

Las 11 personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía y deberán responder por los delitos de usura, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Javier Patiño - NoticiasRCN.com