Doce personas serán imputadas por escándalos de corrupción de Odebrecht

La Fiscalía General de la Nación confirmó este lunes la información que en primicia dio Noticias RCN sobre la imputación a Roberto Prieto, exgerente de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, por el delito de lavado de activos, y anunció que serán 12 personas imputadas con la reactivación de las investigaciones por el escándalo de Odebrecht.

A los imputados se les señala de presunta participación en hechos irregulares en el interconector Canoas, la Ruta del Sol 3 y otros casos relacionados con la multinacional brasileña.

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En el caso de la Ruta del Sol será imputado el primero de marzo el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade, por los delitos de interés indebido de contratos.

También responderán por lavado de activos Roberto Prieto, Eduardo José Zambrano Caicedo, representante legal de Consultores Unidos; Gilberto Hernán Saldarriaga, representante de Megaland; Gilberto Ramírez, de Business M y E, y Natalia Isaza Velásquez.

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Fue 2016 cuando se aprobó un otrosí en el marco de la polémica Ruta del Sol Sector 3 para diseñar y construir un puente que llevara de Plato a Zambrano en el departamento del Magdalena. El contrato por más de 5.789 millones de pesos se lo ganó el concesionario Yuma Concesionaria S.A., que a su vez subcontrató a la empresa Consultores Unidos S.A. para realizar estudios de diseño y otros análisis tipológicos relacionados con el puente.

Después de concentrar la investigación en un cuerpo élite especializado en el caso de Odebrecht, a lo largo del último año, la Fiscalía dijo tener pruebas suficientes que demuestran queRoberto Prieto intervino activamente para lograr ese contrato y que se habría quedado con el 10 %, equivalente a más de 500 millones de pesos que fueron a parar a sus cuentas personales.

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Mediante distintos testimonios y, sobre todo, inteligencia financiera, las autoridades, en cabeza de la Fiscalía, aseguran tener la certeza de que Prieto recibió en efectivo y también en transacciones bancarias ese dinero proveniente de un subcontrato que, según el ente investigador, nunca se ejecutó.

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