En qué va el caso de niña indígena abusada presuntamente por soldados

La directora del ICBF, Lina María Arbeláez, dijo que se interpuso una denuncia penal por parte de los comisarios de familia del territorio.

25 Jun 2020 7:18Por: Noticiasrcn.com

La Fiscalía asumió la investigación contra siete soldados del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en el abuso sexual a una niña de la etnia embera, ocurrido en la zona rural de Pueblo Rico, Risaralda, muy cerca de los límites con Chocó.

En diálogo con Noticias RCN, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina María Arbeláez, habló sobre el caso.

“Absolutamente condenamos estos hechos, la niña está bajo protección del ICBF desde el día de ayer se interpuso una denuncia penal de oficio por parte de los comisarios de familia del territorio pero el centro zonal activó todo el proceso de acompañamiento del equipo de psicosociales, psicólogos, antropólogos, en donde empieza un proceso administrativo de restablecimiento de derechos”, dijo la funcionaria.

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Arbeláez agregó que la entidad se centrará en el restablecimiento de derechos de la menor. “Aquí nosotros velamos es por su bienestar, de alguna manera por buscar recomponer ese proyecto de vida que ha sido truncado de manera flagrante por unas personas que no tienen perdón alguno”.

Detalló que el acompañamiento se está llevando a cabo en su propia lengua para lograr “que ella sane y cure estas cicatrices dejadas por militares de nuestra nación, presuntamente”.

El ICBF también realiza trabajos tanto con la familia de la menor, como con la comunidad embera que está siendo afectada en sus derechos.

Por otra parte, Lina María Arbeláez dijo que “en este momento, bajo medidas de protección, nosotros tenemos a más de  62.000 niños, niñas y adolescentes, de estos, el 38% corresponden a diferentes tipos de violencia en donde se enmarcan la física, psicológica y la sexual”, siendo esta última la que tiene los índices más altos.

¿En qué va la investigación?

En entrevista con Noticias RCN, la fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana, Carmen Torres, dijo que, hasta el momento, son siete los militares que están siendo investigados por el caso de la niña indígena.

“Es efectivamente una denuncia que se origina porque esta menor no regresa a su vivienda, de ahí parte la investigación y es cuando se logra obtener a través de la Policía Judicial, entrevista de la menor quien relata lo sucedido”.

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“En estas labores investigativas la Policía Judicial la logrado la entrevista inicialmente de la hermana de la víctima. Se ha logrado también la entrevista de 25 militares que hacen parte de este grupo, que tenía concentramiento en el sector, y se tiene también como evidencia el dictamen de Medicina Legal que, en trabajo articulado e interinstitucional, se ha logrado la aplicación del método científico para tener evidencias en relación con el hecho que se ha denunciado”, detalló la fiscal delegada.

Torres también señaló que, según lo que ha evidenciado la Fiscalía a través de los interrogatorios, en el sitio de los hechos se encontraban siete soldados, seis de ellos habrían participado del macabro hecho.

Respecto a la situación de los uniformados involucrados, la funcionaria dijo que la Fiscalía empieza ya a decidir cuál es el paso a seguir “y hay dos probabilidades, que solicitemos la formulación de imputación o la solicitud de orden de captura, pero estas personas se encuentran en el resguardo militar y quiero anunciarles que el Ejército ha colaborado con la participación activa y el suministro de la información que ha sido requerida por la Fiscalía General de la Nación”.

La niña de 12 años fue reportada como desaparecida por su familia y encontrada en la madrugada del lunes por su mamá en la escuela del corregimiento Santa Cecilia de Pueblo Rico. La menor presentaba aparentes signos de abuso.

“Cuando la recogió la niña no pudo caminar, la llevaron directamente al hospital”, dijo Juan de Dios Queragama, gobernador indígena Gitó Dokabú.

Según el testimonio de la menor indígena, al menos ocho soldados estarían involucrados en el caso de abuso sexual.

“Nuestros soldados son capacitados y entrenados precisamente para un comportamiento y acercamiento adecuado, en este momento manifestamos nuestra total solidaridad con la familia y la comunidad”, añadió Luis Mauricio Ospina, comandante de la Quinta División del Ejército.

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Por su parte, el gobernador de Risaralda, Víctor Tamayo, pidió celeridad en la investigación y una condena severa para los responsables.

“Espero que con contundencia la severidad de la justicia recaiga sobre estas personas para que hechos como este no se vuelvan a repetir en el departamento de Risaralda”, expresó Tamayo.

Organizaciones de mujeres se pronunciaron frente a este caso.

“Se entiende que hay un proceso jurídico, que se tienen que hacer investigaciones, pero la información que se tiene y la información que nos llega a nosotras es oficial donde se asegura que fueron los soldados”, señaló Erika Tobón, coordinadora regional de Ruta Pacífica de las Mujeres.

Los soldados señalados en el caso de abuso sexual a una menor permanecen en el batallón San Mateo de Pereira a la espera de las decisiones de la Fiscalía.

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