¿Qué debe hacer el Gobierno para fortalecer sus políticas de paz en medio de la ola de violencia en las regiones?

Semanas difíciles se han vivido en el país debido a los múltiples ataques y situaciones de orden público que se han presentado en diferentes regiones y que tienen en aprietos los anuncios del Gobierno relacionados con la implementación de la paz total y el camino hacia la polémica ley de sometimiento.

Aun cuando el presidente se ha mostrado dispuesto a ponerle un alto al fuego en contra de grupos criminales que operan en el territorio, pareciera que la violencia ha exacerbado, sobre todo en zonas de Caquetá y el Bajo Cauca antioqueño, en donde el paro minero y la reciente toma en un pozo petrolero han puesto en entredicho el accionar de la fuerza pública y del Estado frente al manejo de diversas situaciones.

A esto, se suma la reciente masacre registrada en Barranquilla, en donde cinco personas fueron asesinadas y 14 más resultaron heridas tras un ataque armado que estría vinculado con el control territorial de algunas bandas criminales en la capital del Atlántico.

Al respecto, NoticiasRCN.com habló con Andrés Macias, experto en temas de construcción de paz, seguridad y conflicto, sobre el impacto que podría tener para las políticas de ‘paz total’ del Gobierno esta ola de violencia y ataques reiterativos en algunas regiones del país.

Macias comentó que es claro que esta violencia es desencadenada por el control de los grupos armados en algunas regiones, luego de permanecer en un periodo de “tensa calma” tras el ascenso del nuevo Gobierno, esperando cómo se llevarían a cabo los acercamientos para el sometimiento a la justicia y el acceso a la ‘paz total’.

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Cabe recordar que a inicios de este 2023, el presidente Petro anunció que se establecería un cese al fuego bilateral con grupos como ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en busca de materializar el desmantelamiento de la criminalidad mediante vías de acceso a la justicia.

Sin embargo, con el pasar de los meses, este anuncio se ha transformado, respondiendo a las acciones e incidencias de cada uno de estos grupos en los hechos violentos que se han presentado en el país.

“Lo que estamos viendo en torno a la violencia que se vive en el país es que hay un control territorial de ciertos grupos armados que, desde la llegada del actual Gobierno y su disposición de acercarse a ellos, pensando en un eventual desmantelamiento y sometimiento a la justicia, estaban a la expectativa de lo que iba a suceder”, anotó el experto.

¿Cuáles son los retos para la ‘paz total’ en este contexto?

Para Macías, el incremento en los hechos violentos registrados se debe a que la expectativa de los grupos armados frente a las demandas del Gobierno para la paz no se cumplió, por lo que han optado por una forma de presión que representa un reto para el presidente y sus políticas.

A esto se suman las múltiples críticas que ha recibido el proyecto de sometimiento planteado por el Ministerio de Justicia, sobre todo por parte del fiscal general, Francisco Barbosa, quien no ha tenido reparos en mostrar sus reservas frente a lo que busca el Gobierno Nacional y lo que podrían representar las negociaciones con grupos armados y narcotraficantes.

Además, los señalamientos al nuevo manual que dicta las disposiciones para el accionar de la fuerza pública en temas de erradicación de cultivos ilícitos y cómo enfrentar situaciones de orden público; así como el reciente pronunciamiento de gobernadores del país en el que hicieron tendencia la frase “libertad y orden” como un llamado al presidente para proteger y respaldar a la Policía y el Ejército, son otros de los puntos que se entrelazan en esta encrucijada del camino a la paz.

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La iniciativa de paz total no tiene una ruta clara de seguridad nacional, y eso ha generado incertidumbre entre la población, autoridades políticas y la misma fuerza pública

Según Macías, el Gobierno debe “mostrarse fuerte” y demostrar que, si bien se abre una puerta para la paz, hay condiciones parra acceder a ella. Además, anotó que es necesario promulgar las políticas de seguridad nacional y de convivencia ciudadana, con el fin de dar certidumbre a los miembros de la fuerza pública, las autoridades regionales y la sociedad en general.

Cese al fuego con el Clan del Golfo y año electoral

Por otra parte, el experto expresó que el anuncio de reactivación de operaciones contra el Clan del Golfo debe servir como un mensaje contundente para que los demás grupos armados entiendan que “si no se acogen o formalizan un protocolo para la paz, pues no habrá cese al fuego”.

Esto, teniendo en cuenta que el presidente Gustavo Petro tomó recientemente la decisión de suspender el cese al fuego bilateral que había sido establecido con este grupo armado, debido al presunto constreñimiento durante el paro minero que ha dejado millonarias pérdidas, confinamientos y ataques contra la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño.

“He ordenado a la fuerza pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, trinó el jefe de Estado, en un mensaje que fue reforzado por la orden del ministro de Defensa de “atacar con toda la capacidad” a este grupo criminal.

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Finalmente, otro de los aspectos que podrían influir en este contexto de violencia protagonizado por algunos actores armados es el inicio de una nueva jornada electoral, teniendo en cuenta que este año se llevarán a cabo las elecciones regionales en todo el país.

Macías aseguró que, aunque la ciudadanía es la principal afectada en el marco de la violencia, “el sistema democrático también podría verse perjudicado”, teniendo en cuenta las alertas que existen por la posible incidencia de estos grupos en la jornada que se avecina.