Decreto de emergencia económica: ¿recaudo fiscal o incentivo al contrabando?
El temor es que la nueva medida incentive aún más el comercio ilegal, con consecuencias graves para las finanzas territoriales y el orden público.
Noticias RCN
08:32 a. m.
El decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno Nacional, que incrementa los impuestos a los licores y cigarrillos, ha generado un fuerte enfrentamiento con las autoridades departamentales.
Aunque el Gobierno aseguró que la Dian estaría dispuesta a cubrir las eventuales pérdidas de recaudo, gobernadores y alcaldes advierten que la medida podría desfinanciar sectores clave como salud, educación y deporte.
Riesgo de contrabando y caída en el consumo legal
Andrés Giraldo, profesor de Economía de la Universidad Javeriana, señala en La Mesa Ancha que el aumento del impuesto nacional, que pasa del 5% al 19%, no es marginal y podría reducir significativamente el consumo legal de estos productos.
La Federación de Departamentos recordó que tras la reforma de 2016, el contrabando de cigarrillos se triplicó, pasando de un 13% a un 36% del mercado. El temor es que la nueva medida incentive aún más el comercio ilegal, con consecuencias graves para las finanzas territoriales y el orden público, pues el contrabando se ha convertido en una fuente de financiación para estructuras criminales.
Además, las proyecciones indican que el impuesto por grado de licor podría duplicarse. Por ejemplo, en el caso del vino tinto, el gravamen pasaría de 5.004 pesos a 10.425 pesos, lo que incrementaría el diferencial entre productos legales e ilegales.
¿En cuánto queda el precio del licor y del cigarrillo con el decreto de emergencia económica?
Crisis en la salud y debate político
Analistas de La Mesa Ancha también abordaron la crisis que actualmente atraviesa el sistema de salud. Las declaraciones del ministro de Salud, quien afirmó que "los ricos también lloran", generaron indignación en medio de denuncias por falta de recursos en hospitales públicos.
Analistas advierten que el aumento de impuestos y la eventual liquidación de las EPS, planteada por el presidente, podrían agravar la situación de los hogares más vulnerables, que ya destinan una mayor proporción de sus ingresos a gastos médicos.
Gobernadores y alcaldes han solicitado a la Corte Constitucional suspender la aplicación del decreto, mientras se estudia su legalidad. En el centro del debate está la tensión entre el Gobierno Nacional y las autoridades regionales, que reclaman garantías para la sostenibilidad de sus finanzas y la protección de los servicios públicos esenciales.
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