Gobierno pide suspender órdenes de captura contra miembros del Clan del Golfo: está incluido ‘Chiquito Malo’
‘Chiquito Malo’ es uno de los principales cabecillas y sobre quien se mantiene una millonaria recompensa.
Noticias RCN
01:55 p. m.
El Gobierno emitió una resolución solicitando la suspensión de órdenes de captura y extradición contra 29 integrantes del Clan del Golfo, incluyendo a Jobanis de Jesús Fábila, alias Chiquito Malo, señalado como uno de los principales cabecillas de esta organización criminal.
La medida permitirá su reubicación en zonas específicas para continuar conversaciones en el marco de la denominada paz total.
¿Por qué se podrían levantar las órdenes de captura?
La resolución autoriza la aceptación de buena fe del listado de personas que se trasladarán a las zonas de ubicación temporal y le solicita comunicarle a la Fiscalía la aplicación de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las que son con fines de extradición.
Con lo que respecta a la reubicación, está programada para el 25 de junio en Tierralta, Córdoba; y Belén de Bajirá, Chocó. Aunque está sujeta a limitaciones de localización, tiempo y condiciones específicas.
El Clan del Golfo se disputa el control de rutas y economías ilícitas en aproximadamente 17 departamentos, operando como una red que se apoya en alianzas, tercerización con otras bandas y demás estrategias.
Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el Clan del Golfo cuenta con más de 9.000 integrantes, registrando un incremento del 30 % entre 2024 y 2025. También tiene presencia en 304 municipios, principalmente en Antioquia, Chocó, Córdoba y otros departamentos del Caribe.
¿Quién es ‘Chiquito Malo’?
Cabe recordar que Estados Unidos designó al grupo como organización terrorista y mantiene una solicitud de extradición contra ‘Chiquito Malo’, por quien las autoridades colombianas ofrecen una recompensa de 5.000 millones de pesos.
Estados Unidos imputa por narcoterrorismo a alias Chiquito Malo, líder del Clan del Golfo
Expertos juristas señalan que el Gobierno podría estar excediéndose en sus atribuciones, argumentando que la Fiscalía tiene la última palabra sobre estas suspensiones.
Candidatos presidenciales y congresistas de diversos partidos cuestionaron la decisión, particularmente por su proximidad temporal con las elecciones presidenciales, previstas para dentro de menos de un mes.
Los críticos señalan que la medida podría tener implicaciones electorales, considerando que estas organizaciones ejercen control territorial en regiones específicas donde deciden quiénes entran, salen, qué inversiones se hacen, extorsionan y cobran impuestos ilegales.
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