JEP pide investigar posibles fallas de protección a 35 firmantes de paz asesinados

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar las posibles fallas cometidas en los servicios de seguridad prestados a 35 firmantes del Acuerdo de Paz, que fueron asesinados luego de solicitar una ruta de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Además, los magistrados del tribunal especial pidieron a la UNP implementar un análisis de casos basado en los patrones de victimización, es decir, evitar demoras mediante la asignación de analistas que tengan conocimiento de los casos y patrones propios de cada caso y región.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP también recomendó implementar acciones eficientes que permitan dar respuesta a las amenazas que reciben los comparecientes “cuyo motivo de fondo sea una oferta de reclutamiento ilegal”, así como crear un mecanismo que agilice la atención de estos casos que competen las acciones del Sistema Integral para la Paz.

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En muchos casos estos comparecientes son asesinados por no aceptar el ofrecimiento de los grupos ilegales y en otros casos se tienen que desplazar o terminan reincidiendo.

Estas peticiones de la JEP están sustentadas en un análisis hecho por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), en donde se sistematizó información para la ruta de protección asignada a cada compareciente asesinado, las medidas adoptadas, el nivel de la implementación y las fechas entre la presentación de la solicitud de protección y su muerte.

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Hallazgos de la UIA

Al menos cinco fallas fueron encontradas por la UIA entre las que se encuentran la remisión de las solicitudes de protección, omisión o ausencia de la implementación de medidas, comunicación o articulación entre los equipos competentes, evaluación y categorización del nivel de riesgo, y respuesta oportuna a las solicitudes de los comparecientes.

La conclusión de la UIA es que en los 35 asesinatos a firmantes de paz, transcurrieron cerca de diez meses entre la presentación de solicitud de protección y la muerte de los mismos, además la mayoría de ellos quedaron en etapa de análisis de riesgos.