Justicia Penal Militar abre investigación por bombardeo de las Fuerzas Militares
El pasado 11 de noviembre, en el municipio de Calamar, Guaviare, se registró un trágico hecho que dejó siete menores de edad fallecidos.
Noticias RCN
11:59 a. m.
La Justicia Penal Militar inició una investigación para aclarar lo ocurrido durante el bombardeo llevado a cabo por las Fuerzas Militares el pasado 11 de noviembre en zona rural de Puerto Cubarro, en el municipio de Calamar, Guaviare. En esta operación murieron siete menores de edad, quienes, según las autoridades, habían sido reclutados de manera forzada por un grupo armado ilegal.
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Apertura de la indagación
En un comunicado, la Fiscalía General Penal Militar y Policial informó que abrió una indagación formal para revisar las circunstancias de la operación militar y policial contra integrantes del grupo armado organizado liderado por alias “Iván Mordisco”.
Durante el operativo, se incautó material de guerra de alto poder ofensivo. Se aseguró que el proceso se adelantará con “máxima rigurosidad jurídica y técnica”, con el fin de establecer si el uso de la fuerza por parte de los militares se ajustó a los principios que rigen las operaciones en el marco del conflicto armado.
Cabe recordar que, por este mismo hecho, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, deberá comparecer en un debate de moción de censura el próximo miércoles 19 de noviembre en el Congreso de la República.
Autoridades investigan condiciones en que murieron menores tras el bombardeo
La Justicia Penal Militar informó que apenas inicia la investigación y que su objetivo será determinar si durante la operación se cumplieron los protocolos establecidos por el Derecho Internacional Humanitario, con el fin de esclarecer en qué condiciones murieron los menores de edad tras el bombardeo.
De igual manera, la institución reiteró su respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y la legitimidad de las acciones de la Fuerza Pública, mientras avanza la investigación.
La Defensoría lamentó profundamente los hechos y señaló que los menores eran víctimas de reclutamiento forzado, utilizados por el grupo armado como combatientes ilegales, lo que constituye una grave violación de los derechos humanos.
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