Radican quejas contra el presidente Petro, altos funcionarios y los señalados en escándalo de filtración
Ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la Procuraduría fueron instaurados recursos disciplinarios contra el alto gobierno y el general (r) Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía.
Noticias RCN
07:12 p. m.
El eco del escándalo que sacude al Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y a sectores de la cúpula del Ejército Nacional, tras la publicación de un informe de Noticias Caracol en el que denuncian infiltraciones con las disidencias de alias Calarcá, sigue creciendo.
Se trata de la divulgación de presuntas comunicaciones y acuerdos irregulares entre disidencias de las Farc y altos funcionarios del Estado; razón por la que el abogado David Cote presentó quejas disciplinarias ante la Procuraduría y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, solicitando investigar la posible responsabilidad del presidente Gustavo Petro y otros miembros del Ejecutivo Nacional.
Cote señala que las evidencias del informe habrían destapado la posible existencia de una red de contactos, intercambios de información y pactos entre hombres cercanos a alias Calarcá y funcionarios en posiciones estratégicas.
Los argumentos de las quejas radicadas contra el alto gobierno
Uno de los elementos más sensibles expuestos en dichos recursos disciplinarios es la presunta creación de una empresa de seguridad fachada que habría permitido a las disidencias mover personal, armas y equipos bajo una apariencia de legalidad.
Esta estructura, según las comunicaciones mencionadas, funcionaba como un puente entre las necesidades operativas del grupo criminal y la cobertura institucional que les permitía evadir los controles regulares de la Fuerza Pública.
Otro aspecto señalando en las quejas es la supuesta entrega de recursos reservados del Estado, entre ellos frecuencias exclusivas del Ejército, líneas de comunicación privadas y datos estratégicos que habrían facilitado acuerdos de no agresión y coordinación de rutas con actores criminales.
De acuerdo con el denunciante, estas conductas no solo comprometerían a quienes las ejecutaran directamente, sino también a quienes habrían permitido u omitido actuar frente a ellas.
Solicitan hojas de vida y antecedentes en caso que involucra al general Huertas y Wilmar Mejía
Señalamientos contra la fiscal general, el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez
Uno de los puntos más críticos recaería sobre la fiscal general, Luz Adriana Camargo. El abogado señala que tenía conocimiento de estas comunicaciones desde 2024, sin tomar medidas oportunas.
Asimismo, se refirió a la liberación de personas vinculadas con alias Calarcá bajo la figura de gestores de paz que aparece dentro de la queja, pues para Cote constituye un indicio de omisión o incluso de encubrimiento institucional.
Las denuncias atribuyen responsabilidades específicas a cada funcionario. Al presidente Gustavo Petro le señala por presuntamente respaldar decisiones que facilitaron la continuidad de estas estructuras y por negar públicamente vínculos que, según el denunciante, ya contarían con sustento documental interno.
A la vicepresidenta Francia Márquez se le menciona por presuntamente aparecer en comunicaciones atribuidas a las disidencias.
El general Juan Miguel Huertas y el funcionario del DNI Wilmar Mejía figurarían como supuestos actores directos en presuntas coordinaciones operativas, acuerdos logísticos y entregas de recursos sensibles que habrían permitido a las disidencias operar con blindaje institucional.
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