Reforma del Estado y nuevos impuestos: las decisiones que marcarán el futuro fiscal del país
Pasar de 19 ministerios a seis, reorganizar 48 entidades públicas y generar ahorros que podrían alcanzar los $10,5 billones en 2030 hacen parte de las propuestas del gobierno.
Yhonay Díaz
01:25 p. m.
El futuro de las finanzas públicas está marcado por una discusión que trasciende la posibilidad de crear nuevos impuestos.
Reducir el tamaño del Estado, controlar el gasto público, mejorar el recaudo y recuperar la confianza de los inversionistas hacen parte de los desafíos que enfrenta el país para corregir sus desequilibrios fiscales sin comprometer el crecimiento económico, la generación de empleo formal y la competitividad empresarial.
Así lo plantea Christian Quiñones, CEO de CleverTax Assessment, quien advierte que, aunque existe coincidencia entre distintos sectores políticos sobre la gravedad de la situación fiscal, todavía no hay una posición común frente a las decisiones que deberían tomarse para enfrentarla.
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Las estrategias del Gobierno Nacional para recuperar las finanzas
Uno de los principales cuestionamientos del experto apunta a que la estrategia del Gobierno continúa concentrada en aumentar los ingresos tributarios, cuando también sería necesario revisar la estructura administrativa y las obligaciones de gasto que asume el Estado.
En ese escenario, cobra relevancia la propuesta de pasar de 19 ministerios a seis y reorganizar 48 entidades públicas. La iniciativa contempla generar ahorros cercanos a los $26 billones sin recurrir a despidos masivos, mediante una transformación de la estructura institucional.
Las proyecciones indican que el impacto fiscal de esta reorganización no sería significativo durante 2027. Sin embargo, desde 2028 podría representar un ahorro equivalente al 0,24 % del producto interno bruto (PIB), alrededor de $5 billones a precios de 2026. Para 2030, la reducción podría llegar al 0,52 % del PIB, unos $10,5 billones.
La revisión también incluiría las leyes que generan compromisos presupuestales y los fondos especiales del Estado. El propósito sería determinar cuáles cumplen sus objetivos, cuáles necesitan modificaciones y cuáles deberían desaparecer después de una evaluación de su pertinencia.
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Menos impuestos empresariales que impacta las finanzas públicas
Otro frente de la discusión está relacionado con la carga tributaria que soportan las compañías. Entre las medidas planteadas figura reducir el impuesto de renta corporativo del 35 % al 31 %, además de implementar el Régimen Unificado de Grandes Empresas (RUGE), con la intención de mejorar las condiciones para invertir y competir.
No obstante, esta reducción también representa un desafío para el presupuesto nacional. Las estimaciones de Corficolombiana calculan que el costo fiscal alcanzaría los $4,1 billones en 2027 y los $12 billones en 2028. Por esta razón, su aplicación estaría condicionada a la identificación de nuevas fuentes de financiación.
Quiñones considera que cualquier alivio tributario para las empresas debe analizarse teniendo en cuenta los demás costos asociados con su funcionamiento y la contratación formal. En particular, señala que las compañías enfrentan aportes equivalentes a 13,5 puntos porcentuales por salud, ICBF y SENA sobre los salarios superiores al mínimo.
Para Quiñones, mejorar la competitividad requiere reglas tributarias estables, credibilidad en el manejo de las finanzas públicas y condiciones que incentiven la inversión y la creación de puestos de trabajo formales.
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Más trabajadores entrarían al sistema de declaración de renta
Los cambios propuestos también tendrían efectos sobre los ingresos de los hogares. La iniciativa contempla reducir el umbral para pagar impuesto de renta, que pasaría de 1.090 UVT, equivalentes a cerca de $58 millones en 2026, a 720 UVT, unos $38,3 millones.
Para quienes tengan ingresos ubicados entre ambos niveles se establecería una tarifa del 9 %. El Ministerio de Hacienda estima que esta modificación permitiría recaudar más de $7,2 billones anuales a partir de 2028.
Con este ajuste, un trabajador asalariado sin personas dependientes comenzaría a pagar renta con ingresos mensuales cercanos a los $5 millones. Para quienes tengan un dependiente, el límite estaría alrededor de los $5,6 millones.
Actualmente, los valores de referencia son aproximadamente $6,9 millones para personas sin dependientes y $8,3 millones para quienes tienen uno.
Como complemento, la propuesta incluye EfectIVA, un mecanismo que busca devolver parte del IVA pagado a más de 35 millones de personas, teniendo en cuenta sus niveles de ingresos.
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