Los lujosos bienes del exsenador Martín Morales que ocupó la Fiscalía

A través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del dispositivo sobre varios inmuebles que pertenecerían al exsenador Martín Emilio Morales Diz y otras personas de su círculo familiar.

“La evidencia recaudada permitió establecer que el exsenador adquirió los bienes con dinero producto del tráfico de sustancias ilegales”, detalló la directora especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Patricia Saavedra Yepes.

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El valor de las propiedades afectadas supera los 1.600 millones de pesos y entre ellas se encuentra una casa ubicada en un exclusivo conjunto residencial del barrio Chapinero Alto de Bogotá; un apartamento, dos parqueaderos y un depósito en un edificio ubicado en el sector El Recreo de Montería, Córdoba.

Entre las propiedades afectadas, cuyo valor supera los 1.600 millones de pesos, está una casa ubicada en un conjunto residencial del barrio Chapinero Alto de Bogotá; un apartamento, dos parqueaderos y un depósito en un edificio del sector El Recreo de #Montería. pic.twitter.com/qmPh1K72CR

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 23, 2021

La medida también recayó sobre siete inmuebles en San Antero, Córdoba, que figuraban a nombre de la exesposa y excuñada de Morales Diz. Según la información recopilada por la Fiscalía, los predios habrían sido adquiridos mientras el exfuncionario se desempeñó como alcalde en esa población.

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Adicionalmente, las investigaciones adelantadas arrojaron que uno de los bienes que corresponde a un terreno de grandes extensiones, registra como si hubiese sido comprado en 2006 por 100 millones de pesos, el cual posteriormente fue transferido a la exesposa de Martín Morales Diz, sin embargo, se determinó que en realidad no existió un pago por este predio.

“La Fiscalía pudo establecer en este caso que los presuntos compradores no pagaron suma alguna por concretar el referido negocio”, explicó Saavedra.

El procedimiento se llevó a cabo luego de una compulsa de copias hecha por la Corte Suprema de Justicia, que condenó al exsenador por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tentativa de homicidio, porte de armas y munición de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

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Esas propiedades quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su posterior administración.