Consejo de Estado salva a Isabel Zuleta y frena su "muerte política" por escándalo del tarimazo en Medellín
La senadora del Pacto Histórico enfrentaba un proceso de pérdida de investidura por presunto tráfico de influencias y violación al régimen de incompatibilidades.
Noticias RCN
04:47 p. m.
La senadora Isabel Cristina Zuleta López estuvo a punto de enfrentar una de las sanciones más graves que puede recibir un congresista, la cual es la pérdida de investidura, conocida popularmente como la “muerte política”, que implica salir del Congreso y quedar inhabilitada para volver a ocupar cargos de elección popular.
El proceso surgió tras la fuerte polémica generada por el llamado “tarimazo” en Medellín, ocurrido en junio de 2025, cuando varios privados de la libertad, señalados como cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, fueron trasladados para participar en un acto público realizado en la plazoleta de La Alpujarra junto al presidente.
Ese evento hizo que varios ciudadanos aseguraran que Zuleta habría usado su poder como senadora para gestionar ante el Inpec la salida de esos internos, algo que, según los demandantes, no hacía parte de sus funciones como congresista y podría constituir tráfico de influencias.
Por esa razón, William Francisco Quintero Villarreal, Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados presentaron solicitudes ante el Consejo de Estado para pedir que se le quitara la investidura como senadora de la República.
¿Qué hizo Isabel Zuleta para estar al borde de la "muerte política"?
Los demandantes sostuvieron que la congresista habría intervenido de manera irregular para lograr que varios presos fueran trasladados desde la cárcel de Itagüí hasta el acto público del 21 de junio de 2025 en Medellín.
Según el expediente, Zuleta envió una solicitud al Inpec para permitir la participación de estas personas privadas de la libertad en ese evento. Para los accionantes, esa actuación representó una extralimitación de funciones y una utilización indebida de su condición de senadora.
Uno de los demandantes aseguró que la congresista habría hecho prevalecer su posición política como integrante del partido de gobierno para conseguir un aprovechamiento político personal, buscando fortalecer su imagen y favorecer también al presidente de la República.
Además, argumentaron que la Resolución 138 de 2023 había establecido que el espacio de conversación sociojurídico de paz urbana debía desarrollarse en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, por lo que sacar a los internos para llevarlos a una tarima pública en La Alpujarra excedía lo permitido.
También señalaron que la verdadera coordinadora inicialmente era otra persona y que Zuleta no tenía competencia para ordenar ni gestionar ese tipo de traslados, por lo que su intervención habría sido irregular.
Por eso, la acusaron de incurrir en dos causales de pérdida de investidura: tráfico de influencias debidamente comprobado y violación al régimen de incompatibilidades de los congresistas.
¿Qué decía Isabel Zuleta frente a las acusaciones?
Durante el proceso, la defensa de la senadora sostuvo que ella no actuó como congresista sino como delegada del Gobierno nacional dentro del Espacio de Conversación Sociojurídico de Construcción de Paz Urbana con estructuras armadas de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.
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Explicó que primero fue designada como representante del Gobierno nacional mediante la Resolución 138 de 2023 y posteriormente fue nombrada coordinadora de ese espacio a través de la Resolución 452 de 2024, expedida por el presidente de la República.
Según su defensa, fue precisamente en esa calidad de coordinadora que hizo la solicitud al Inpec, y no invocando su cargo como senadora.
Zuleta insistió en que no ordenó, ni exigió, ni presionó al Inpec para que autorizara el traslado, sino que simplemente presentó una solicitud que podía ser aceptada o negada por la entidad.
También sostuvo que no existió ningún provecho ilícito, ni beneficio económico, ni dádivas para ella o para terceros, y que el propósito era exclusivamente avanzar en el proceso de paz urbana y mostrar públicamente los avances de los diálogos.
Durante la audiencia, la senadora afirmó que su único interés era contribuir a la paz, que ha sido líder social y que incluso desde antes de llegar al Congreso trabajaba en procesos relacionados con la construcción de paz.
Además, aseguró que no era la única congresista que participaba en este tipo de procesos y que los traslados de personas privadas de la libertad por parte del Inpec no eran algo excepcional.
Consejo de Estado salvó a Isabel Zuleta y frenó su "muerte política"
El Ministerio Público también pidió negar la pérdida de investidura. El procurador delegado concluyó que no se demostró que Zuleta hubiera utilizado su investidura parlamentaria para presionar al INPEC ni que hubiera recibido beneficios indebidos.
Finalmente, el Consejo de Estado le dio la razón.
En la sentencia del 15 de abril de 2026, la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura Veinte concluyó que no se probó el tráfico de influencias porque no existía evidencia de que la senadora hubiera invocado su condición de congresista para influir en la decisión del Inpec.
El fallo explicó que lo acreditado en el expediente fue que la solicitud se hizo en calidad de coordinadora del espacio de paz urbana y no como senadora de la República.
Tampoco se encontró prueba de que hubiera solicitado, recibido o prometido dinero, dádivas o algún beneficio personal, requisito indispensable para configurar esa causal.
Sobre la presunta violación al régimen de incompatibilidades, la Sala también concluyó que no se acreditó que Zuleta hubiera gestionado intereses particulares ni que hubiera usado su investidura para torcer la voluntad de la administración pública.
Por el contrario, el alto tribunal consideró que su actuación se dio dentro de una función asignada oficialmente por el Gobierno nacional en el marco de la política de paz.
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