Defensoría emite alerta temprana para la zona rural de Dagua, Valle, por disputa territorial entre el ELN y disidencias
La entidad explicó que Dagua se ha convertido en un territorio estratégico para los grupos armados ilegales debido a su ubicación geográfica.
Noticias RCN
06:50 a. m.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) para el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, debido al riesgo que enfrentan más de 60.000 habitantes por la disputa territorial entre el Frente Guerrillero Luis Carlos Cárdenas, del ELN, y el Frente Jaime Martínez, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), estructura disidente de las extintas Farc.
Según la entidad, la población rural del municipio está expuesta a posibles vulneraciones de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad, especialmente en 17 de los 27 corregimientos que conforman la zona rural de Dagua. La alerta también advierte sobre riesgos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
De acuerdo con la Defensoría, la incursión del frente Luis Carlos Cárdenas en la carretera Simón Bolívar, antigua vía al mar, desde junio de este año ha impactado directamente a los corregimientos de El Queremal, El Danubio, La Elsa y La Cascada. A esto se suma la consolidación territorial del frente Jaime Martínez en otros 13 corregimientos del municipio.
Corredor estratégico bajo disputa
La entidad explicó que Dagua se ha convertido en un territorio estratégico para los grupos armados ilegales debido a su ubicación geográfica. El municipio conecta el centro del Valle del Cauca con Buenaventura, el Parque Nacional Natural Farallones de Cali y municipios como Jamundí, La Cumbre y Restrepo.
Esta condición facilita el tránsito de combatientes y el abastecimiento logístico, además del control de economías ilícitas relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal de oro en las cuencas de los ríos Dagua y Anchicayá. La Defensoría advirtió que estas actividades han generado importantes afectaciones ambientales en la región.
Aumentan los riesgos humanitarios y para poblaciones vulnerables
La ATI señala que entre junio y julio de 2026 se registraron al menos cinco homicidios selectivos relacionados con señalamientos de colaboración con grupos armados. Entre los casos documentados figuran el asesinato de un comerciante en el sector de El Placer y el hallazgo del cuerpo sin vida de un adolescente no identificado en la zona de El Engaño.
Asimismo, la instalación de retenes ilegales sobre la vía Simón Bolívar ha provocado confinamientos, restricciones a la movilidad y desplazamientos forzados individuales en varios corregimientos, entre ellos El Placer, El Engaño, La Elsa, La Cascada, El Danubio, Alto La Mona y El Cauchal.
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La Defensoría advirtió que la situación afecta de manera desproporcionada a poblaciones con especial protección constitucional. Entre ellas se encuentran más de 10.600 integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, además de niñas, niños y adolescentes expuestos al riesgo de reclutamiento forzado, una situación que ya estaría generando deserción escolar en algunos sectores.
La alerta también incluye a 13 firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, quienes, según el organismo, han sufrido persecuciones y desplazamientos que los han obligado a abandonar proyectos productivos. De igual forma, líderes comunitarios, autoridades étnicas y servidores públicos enfrentan un incremento del riesgo por su presencia y trabajo en el territorio.
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