¿Se acaba la JEP en 2028? Esta es la propuesta que busca trasladar sus procesos a la justicia ordinaria
El proyecto del senador Enrique Gómez Martínez pasó su primer debate en el Congreso y plantea que otra instancia judicial asuma los casos pendientes.
Noticias RCN
06:36 p. m.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue creada a partir del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc. Su función es investigar, juzgar y establecer responsabilidades por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, bajo un modelo de justicia transicional que contempla sanciones propias y medidas restaurativas para quienes reconocen su responsabilidad y aportan verdad.
Sin embargo, su funcionamiento y los resultados alcanzados han generado cuestionamientos sobre los tiempos de los procesos, los recursos destinados a la entidad y la reparación de las víctimas.
En medio de esa discusión, el senador Enrique Gómez Martínez, del Movimiento de Salvación Nacional, presentó un proyecto de acto legislativo que busca limitar el funcionamiento de la JEP hasta marzo de 2028 y trasladar los expedientes que queden pendientes a la justicia ordinaria.
La iniciativa ya superó su primer debate en la Comisión Primera del Senado, pero todavía debe completar otros siete debates para convertirse en una reforma constitucional. Por ahora, no significa que la JEP vaya a desaparecer ni que sus funciones hayan terminado.
¿Qué propone el proyecto para la JEP?
En entrevista con Noticias RCN, el senador explicó que su iniciativa busca que, una vez termine el periodo de funcionamiento de las salas de reconocimiento de la JEP, en marzo de 2028, la jurisdicción deje de operar como un organismo especializado y sus asuntos pasen a manos de otras instancias de la justicia ordinaria.
Según Gómez, el propósito es que los procesos continúen bajo un mecanismo más económico y con procedimientos que permitan resolver con mayor rapidez la situación jurídica de quienes comparecen ante este sistema.
El congresista señaló que la propuesta contempla un tratamiento para la mayoría de los antiguos integrantes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública que no tenían posiciones de mando. También plantea que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la justicia ordinaria, mediante un procedimiento que tendría que reglamentarse posteriormente.
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El senador aclaró que su intención no es eliminar la justicia transicional ni desconocer las decisiones que ya se han adoptado.
Nosotros presentamos un proyecto de acto legislativo donde se agrega un artículo que plantea respetar las decisiones existentes, preservar los derechos de los comparecientes bajo el sistema de justicia transicional y diferir o delegar en la ley el tránsito del manejo de esta justicia transicional a la justicia ordinaria.
Los cuestionamientos del senador a los costos y la reparación de las víctimas
Uno de los principales argumentos del senador para respaldar la reforma está relacionado con los recursos que, según indicó, ha demandado el funcionamiento de la JEP.
Durante la entrevista se mencionó que la jurisdicción ha costado alrededor de $4,2 billones. Al preguntarle cuántas víctimas han sido reparadas con ese presupuesto, Gómez respondió que la JEP no es la entidad encargada de entregar directamente las indemnizaciones.
El congresista sostuvo que esa responsabilidad recae en otras instituciones, como la Unidad para las Víctimas, mientras que las medidas restaurativas pueden involucrar recursos de entidades como la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural.
También cuestionó el cumplimiento de los compromisos económicos de las antiguas Farc. Según afirmó, ese grupo había prometido entregar un billón de pesos para la reparación, pero solo habría aportado bienes valorados en cerca de $42.000 millones, que, de acuerdo con su explicación, no se han podido convertir en recursos para indemnizar a las víctimas.
A partir de ese balance, Gómez cuestionó que los máximos responsables continúen sometidos a la jurisdicción pese a lo que considera incumplimientos de sus compromisos.
¿Ha cumplido la JEP con la verdad y la no repetición?
Otro de los puntos que el senador puso en discusión fue el cumplimiento de los objetivos centrales de la justicia transicional: verdad, reparación, garantías de no repetición y construcción de paz.
A juicio de Gómez, los resultados en esos componentes han sido insuficientes. Sobre la verdad, aseguró que los aportes de los comparecientes no han representado avances significativos frente a lo que ya conocía el país sobre el conflicto armado.
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En materia de reparación, reiteró sus críticas por la falta de entrega de recursos por parte de las antiguas Farc. Y, al referirse a las garantías de no repetición, señaló que varios municipios que debían beneficiarse de los acuerdos de paz continúan registrando hechos de violencia.
El congresista también afirmó que las disidencias y otros grupos armados mantienen su presencia en distintas regiones del país y sostuvo que las condiciones de seguridad no reflejan el fin del conflicto que se esperaba con el acuerdo.
Estas afirmaciones corresponden al balance y las críticas expuestas por el senador durante la entrevista.
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El componente económico es otro de los ejes de la propuesta. Gómez cuestionó la cantidad de funcionarios y contratistas vinculados a la JEP y consideró que su estructura representa un gasto elevado para el Estado.
Según sus estimaciones, los procesos que actualmente están en esa jurisdicción podrían continuar bajo la justicia ordinaria con un presupuesto anual de entre $100.000 millones y $150.000 millones.
El senador calcula que ese cambio permitiría liberar más de $900.000 millones cada año durante los próximos cinco años, hasta 2033. Su planteamiento es que esos recursos se destinen a fortalecer la Rama Judicial, que, según indicó, enfrenta problemas de congestión y un rezago presupuestal cercano a los $3 billones.
Gómez también defendió que se aprovechen estructuras existentes, como la de Justicia y Paz, para atender parte de los expedientes pendientes, con procedimientos que considera más ágiles y menos costosos.
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