Víctimas del conflicto que aspiran al Congreso cuestionan las garantías electorales
Tres candidatos al Congreso, víctimas del conflicto, denuncian el alarmante asesinato de uniformados y cuestionan garantías a grupos armados ilegales.
Noticias RCN
10:52 a. m.
A menos de 72 horas de las elecciones, tres soldados fueron asesinados en una emboscada de las disidencias de las Farc en Cartagena del Chairá, Caquetá, mientras trasladaban material electoral y resguardaban puestos de votación.
El hecho reabre el debate sobre la seguridad de la fuerza pública en medio de la implementación de la paz total.
José Jaime Uscátegui, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá señaló que "más de 200 soldados y policías asesinados el año pasado en medio de la paz total evidencian que nuestros militares están acribillados" mientras se implementan políticas de diálogo con grupos armados.
El coronel William Donato, quien permaneció casi 13 años secuestrado por las Farc, advirtió:
Desafortunadamente el Estado ha estado retrocediendo y no ha permitido que nuestros soldados y el Ejército y la Policía sigan avanzando.
El militar retirado, candidato por Boyacá del Partido Alianza Verde, expresó que "hay que ir con toda por estos delincuentes que están masacrando a todos los miembros de la Fuerza Pública".
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John Frank Pinchao, expolicía, quien estuvo durante ocho años y medio en cautiverio, afirmó que "esto es una evidencia de que este gobierno ya ha dado las alas a los criminales y que las elecciones van a ser incluidas por un fusil en la cabeza, sobre todo en las zonas rurales".
Pinchao, quien se postuló con el Partido Oxígeno, denunció que se ha maniatado a las fuerzas militares.
Los candidatos cuestionaron que mientras se realizaban estas audiencias virtuales con insurgentes, otros frentes atacaban a la Fuerza Pública.
"La Fiscalía sí tiene la ubicación para mandarle un enlace para que se conecte a la audiencia, sino para capturarlo", criticó Uscátegui.
Las víctimas del conflicto expresaron sentirse relegadas frente a las garantías otorgadas a grupos armados.
Julio César Iglesias contextualizó la grave situación explicando que "el año pasado ocurrieron más asesinatos de miembros de la Fuerza Pública en actos de servicio que en cualquier año de la última década", alcanzando niveles similares o superiores a los registrados antes del acuerdo de paz de 2016.
Iglesias calificó este proceso como una promesa fallida.
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Paralelamente, se refirieron a la posición que le ha dado el Gobierno Nacional a los cabecillas de grupos armados.
Hablaron de los comandantes de las disidencias de Calarcá que participaron vía internet en una audiencia de imputación por el desplazamiento masivo en el Catatumbo que dejó cerca de 100 muertos y 60.000 desplazados hace un año.
Los aspirantes al Congreso coinciden en que se trata de una degradación de la justicia, en la que los victimarios han sido puestos por encima de las víctimas; así lo explicó Donato:
La paz no pueden convertirse en un permiso para que esas estructuras se sigan fortaleciendo.
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